La pasada semana el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Presentaba el informe
sobre la reforma de las Administraciones Públicas. Este informe es el documento base para
impulsar desde las AA.PP. la necesaria reforma.
El desarrollo de la tecnología
digital en las dos últimas décadas ha sido muy rápido y en la actualidad está
plenamente implantada en la mayoría de las empresas privadas y hogares
españoles. Muchas empresas y ciudadanos
comenzaron a tener problemas con la burocracia no tecnológica convencional del
sector público. El ritmo de implantación y uso de la tecnología digital en el sector público español ha sido muy lento,
en unos casos por la dispersión y la falta de conocimientos; en otros por una
legislación anticuada que reflejaba –y aun refleja- usos y costumbres administrativos
propios del siglo XIX.
En nuestro entorno (UE, OCDE) el
grado de automatización de los servicios públicos y el modelo de gestión
empleado por las administraciones públicas ha sido mayor que en España. Nuestro
país simplemente se ha quedado atrás y ello ha generado numerosos problemas
tanto al propio funcionamiento de la administración; como a los servicios
prestados a empresas y ciudadanos. Urgía por tanto una reforma en profundidad
de nuestra administración pública para adaptarla a los modelos de gestión y
prestación de servicios del siglo XXI con carácter transversal y general. Era
algo que venía pidiéndose desde hace
años.
El gobierno aprovecha para
introducir mecanismos de racionalización y simplificación administrativas con
el fin de mejorar los resultados económicos en relación con el gasto de la
administración y servicios públicos.
El modelo de gestión que proponen
los redactores del informe se basa en el trabajo transversal y en el trabajo en
red usando para ello las tecnologías disponibles. Como afirma en la página 35 “la administración electrónica no solo
persigue hacer lo mismo a través de internet, sino también usar internet para
hacer cosas nuevas”. Ya no se trata solo de hacer la típica página web
corporativa con más o menos complementos; sino utilizarla como oficina y/o
plataforma de comunicación directa entre la administración y el ciudadano.
A efectos de interés para nuestra
empresa y para el sector de la documentación, podemos destacar algunos
elementos de interés:
§ “Estandarización” (véase Normalización) de
las TIC usadas en las AA.PP. a través del CIO (Chief Information Office).
Armonización de los distintos, hardware, software y aplicaciones
utilizados, frente a la disparidad e incompatibilidad de sistemas actualmente
existente.
§ Administración
electrónica basada en:
o
Datos compartidos. El ciudadano o las empresas
no tengan que aportar los mismos documentos cada vez que se relacione con la
Administración (“Plataforma de
Intermediación de Datos” y el “Registro único de Apoderamientos”)
o
Contratos. Se creará una “Plataforma única de contratación del sector público”
o
Notificaciones y facturas. Se realizarán de
ordinario en formato electrónico. Hay prevista una mejora de la legislación en
este sentido.
o
Atención al público. Renovación completa del
portal www.060.es , creación de una oficina
virtual del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se creará un portal
centralizado de ofertas de empleo en el sector público y BOE a la Carta.
El ministro avanzaba cambios
sustanciales en la Ley 30/92 de Administraciones Públicas y en la Ley de bases
del régimen local, en línea a racionalizar, agilizar, modificar o simplificar
la gestión de administraciones públicas y servicios públicos. Aplaudo estas
iniciativas por ser necesarias.
En líneas generales el informe es
un primer paso, una declaración de intenciones, recoge muchas de las ideas
que estaban ya en el ambiente y en
general es un informe necesario y positivo. Es el punto de partida. Ahora queda lo más complicado: llevar a buen
puerto la ley en las Cortes y agilizar su aplicación lo más rápidamente posible
ante que quede de nuevo obsoleta. La
propia ley debería llevar mecanismos de renovación periódica de forma
automática de tal forma que siempre pueda adaptarse automáticamente a las
nuevas tecnologías que vayan surgiendo.
En el debate de tramitación
parlamentaria no deberían primar los intereses de partido, ideológicos, económicos
y servidumbres de la industria tecnológica o de contenidos. Necesitamos una nueva y moderna
administración pública de tal forma que aquello de “vuelva usted mañana” o “pase
a la ventanilla siguiente” quede en el recuerdo simpático de la historia.
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