En la actualidad el gobierno de
España está tramitando la futura Ley de transparencia que afectará
previsiblemente a todos los órganos y organismos de la Administración Pública:
Debido a los últimos escándalos mediáticos, se busca incorporar y por tanto afectar
a otras instituciones públicas y privadas vinculadas o mantenidas con fondos
procedentes del Estado. Incluso la Corona se verá afectada por dicha norma
legal.
En muchos foros se considera que
la transparencia es necesaria para profundizar en el acervo democrático, que
desde los años 70 y 80 caracterizan a la
mayoría de países desarrollados y desde los 90 a los países en vías de
desarrollo.
Revisando mi hemeroteca
particular, me fijo en ejemplares de prensa de los años 70, concretamente de
1973. En estos años la prensa estaba controlada por el Estado Español, existía
aún la censura, aunque ésta fuera más relajada desde la tímida Ley de Prensa que elaborara Manuel Fraga como Ministro de Información y
Turismo del Régimen.
Es curioso observar, pese a la
censura, la cantidad de datos que aportan. Más incluso que los medios actuales.
Van al detalle absoluto. Me fijo en un breve acerca de un accidente de tráfico
en Málaga en 1973 en el que fallecieron sus dos ocupantes. Además de los
nombres de los fallecidos, se incluía su estado civil: ella – en el asiento del
copiloto- era la “Prometida” del
conductor. Ella no murió sino que “ya no
está entre nosotros”, en un gesto caballeroso por parte del periodista
hacia la chica fallecida. Porque el conductor si “falleció”. El breve condensa en pocas líneas todo el periplo de ambos siniestrados desde el momento del accidente hasta su defunción, incluyendo la estancia
en el hospital, del cual se da también el nombre, así como de todas las
personas que intervinieron en el rescate y traslado, médicos, etc.
Una noticia que pasaría
desapercibida en la actualidad, no
figuraría hoy probablemente en portada como en este caso, y en cualquier caso
no darían detalles tan concretos y por supuesto se ocultarían los nombres
detrás de sus siglas.
Otro articulo, este más extenso
en el mismo año nos habla de la Conferencia de Helsinki de 1973 en las que los
mandatarios de Estados Unidos y de la URSS se encontraron, algo noticiable y de
gran relevancia en el contexto de la guerra fría. Evidentemente la censura y el posicionamiento
ideológico de la línea editorial del periódico trataron el asunto
posicionándose a favor de los americanos y denigrando al líder soviético.
Es curioso que para atacar las
posiciones del líder soviético, el periódico transcribió parte del discurso del
líder soviético, la respuesta del líder americano y de otros intervinientes en
la Conferencia. Evidentemente el contexto nos indica que la selección de textos
corrió pareja a los posicionamientos ideológicos del régimen franquista. La
transcripción se incluyó para hacer ver al lector los errores del comunismo y
el peligro que el comunismo representaba en el contexto internacional y para
España. Era una lección doctrinaria del
régimen hacia los españoles, para que estos no se desorientaran.
Al leer estos y otros artículos
de SUR y ABC (ed. De Sevilla) me doy cuenta de la gran cantidad de información
disponible en cada ejemplar, hasta el más mínimo detalle, lo cual es una
delicia para el historiador actual y tedioso probablemente para el lector de
1973.
Por ello me pregunto: ¿Es esto un
ejercicio de transparencia o un ejercicio de manipulación informativa? ¿Es
necesario aportar tanta información a los ciudadanos? ¿Dónde estaría el límite
de la información proporcionada?
La información es el cuarto poder
sin duda. Su control y gestión es la clave de la transparencia y de la
democracia.
En regímenes autoritarios, como el del general
Franco, la información es la base de la propaganda política y su gestión está encomendada
a personas de profunda lealtad institucional y doctrinal con el régimen. La información proporcionada es manipulada a
favor del posicionamiento del régimen. La censura se encarga de eliminar
aquellas informaciones contrarias, contestatarias o inconvenientes para el
régimen. El tratamiento informativo incide directamente en aquello que ayuda al
corpus doctrinal del régimen e indirectamente a otros intereses favorables.
En democracia – siguiendo el
modelo representativo parlamentario– la información es un derecho reconocido al
ciudadano. Al ser regímenes garantistas, el ciudadano puede reclamar a las
autoridades públicas la garantía de no ser expuesto a una información que
pudiera dañar su intimidad, honor e imagen personal o familiar. Los informadores, tienen libertad de
expresión y opinión, existe la libertad de prensa, no existe formalmente la
censura oficial. El límite lo marca el código deontológico de los profesionales
de la información, la ética y moral del periodista.
Sin embargo observamos que pese a
la libertad de prensa y el derecho a la información en las democracias actuales
hay intentos directos e indirectos por parte de determinadas autoridades
públicas de manipulación y ocultación informativa por motivos ideológicos o
intereses partidistas. El control y
gestión de la información, aún más con la globalización de internet, se hace
cada día más difícil. La información es
usada para proporcionar conocimiento pero también para provocar daños a los
destinatarios.
Antes de hacer la ley lo lógico
hubiera sido abrir un debate social acerca de la libertad de prensa y el
derecho a la información de los ciudadanos. Por lo que los medios públicos nos
informan la Ley de Transparencia parece que está enfocada únicamente al terreno
económico: Patrimonio y capitales de las principales autoridades, órganos y
organismos públicos. Yo la ampliaría hacia otros campos: Información que se
ofrece a los niños y adolescentes, la información sensible que puede o no ser
publicada, información en la red sobre personas, entidades e instituciones….
Creo que hay mucha información
circulando, por diversos medios y por tanto a la hora de poner coto, en aras de
la transparencia democrática, hay que tener claro que información es relevante
y cual no interesa conocer. Y por supuesto, que todos estén de acuerdo. Este es
un caso en que debe haber debate abierto en el parlamento y en la calle; no se
debe pasar en este caso, por su importancia, el “rodillo” de la mayoría parlamentaria.
