Transparencia, información, medios y democracia

En la actualidad el gobierno de España está tramitando la futura Ley de transparencia que afectará previsiblemente a todos los órganos y organismos de la Administración Pública: Debido a los últimos escándalos mediáticos, se busca incorporar y por tanto afectar a otras instituciones públicas y privadas vinculadas o mantenidas con fondos procedentes del Estado. Incluso la Corona se verá afectada por dicha norma legal.

En muchos foros se considera que la transparencia es necesaria para profundizar en el acervo democrático, que desde  los años 70 y 80 caracterizan a la mayoría de países desarrollados y desde los 90 a los países en vías de desarrollo.

Revisando mi hemeroteca particular, me fijo en ejemplares de prensa de los años 70, concretamente de 1973. En estos años la prensa estaba controlada por el Estado Español, existía aún la censura, aunque ésta fuera más  relajada  desde la tímida Ley de Prensa que elaborara  Manuel Fraga como Ministro de Información y Turismo del Régimen.

Es curioso observar, pese a la censura, la cantidad de datos que aportan. Más incluso que los medios actuales. Van al detalle absoluto. Me fijo en un breve acerca de un accidente de tráfico en Málaga en 1973 en el que fallecieron sus dos ocupantes. Además de los nombres de los fallecidos, se incluía su estado civil: ella – en el asiento del copiloto- era la “Prometida” del conductor. Ella no murió sino que “ya no está entre nosotros”, en un gesto caballeroso por parte del periodista hacia la chica fallecida. Porque el conductor si “falleció”. El breve condensa en pocas líneas todo el periplo  de ambos siniestrados  desde el momento del  accidente hasta su defunción, incluyendo la estancia en el hospital, del cual se da también el nombre, así como de todas las personas que intervinieron en el rescate y traslado, médicos, etc.

Una noticia que pasaría desapercibida en la actualidad,  no figuraría hoy probablemente en portada como en este caso, y en cualquier caso no darían detalles tan concretos y por supuesto se ocultarían los nombres detrás de sus siglas.

Otro articulo, este más extenso en el mismo año nos habla de la Conferencia de Helsinki de 1973 en las que los mandatarios de Estados Unidos y de la URSS se encontraron, algo noticiable y de gran relevancia en el contexto de la guerra fría.  Evidentemente la censura y el posicionamiento ideológico de la línea editorial del periódico trataron el asunto posicionándose a favor de los americanos y denigrando al líder soviético.

Es curioso que para atacar las posiciones del líder soviético, el periódico transcribió parte del discurso del líder soviético, la respuesta del líder americano y de otros intervinientes en la Conferencia. Evidentemente el contexto nos indica que la selección de textos corrió pareja a los posicionamientos ideológicos del régimen franquista. La transcripción se incluyó para hacer ver al lector los errores del comunismo y el peligro que el comunismo representaba en el contexto internacional y para España.  Era una lección doctrinaria del régimen hacia los españoles, para que estos no se desorientaran.

Al leer estos y otros artículos de SUR y ABC (ed. De Sevilla) me doy cuenta de la gran cantidad de información disponible en cada ejemplar, hasta el más mínimo detalle, lo cual es una delicia para el historiador actual y tedioso probablemente para el lector de 1973.

Por ello me pregunto: ¿Es esto un ejercicio de transparencia o un ejercicio de manipulación informativa? ¿Es necesario aportar tanta información a los ciudadanos? ¿Dónde estaría el límite de la información proporcionada?

La información es el cuarto poder sin duda. Su control y gestión es la clave de la transparencia y de la democracia.

 En regímenes autoritarios, como el del general Franco, la información es la base de la propaganda política y su gestión está encomendada a personas de profunda lealtad institucional y doctrinal con el régimen.  La información proporcionada es manipulada a favor del posicionamiento del régimen. La censura se encarga de eliminar aquellas informaciones contrarias, contestatarias o inconvenientes para el régimen. El tratamiento informativo incide directamente en aquello que ayuda al corpus doctrinal del régimen e indirectamente a otros intereses favorables.

En democracia – siguiendo el modelo representativo parlamentario– la información es un derecho reconocido al ciudadano. Al ser regímenes garantistas, el ciudadano puede reclamar a las autoridades públicas la garantía de no ser expuesto a una información que pudiera dañar su intimidad, honor e imagen personal o familiar.   Los informadores, tienen libertad de expresión y opinión, existe la libertad de prensa, no existe formalmente la censura oficial. El límite lo marca el código deontológico de los profesionales de la información, la ética y moral del periodista.

Sin embargo observamos que pese a la libertad de prensa y el derecho a la información en las democracias actuales hay intentos directos e indirectos por parte de determinadas autoridades públicas de manipulación y ocultación informativa por motivos ideológicos o intereses partidistas.  El control y gestión de la información, aún más con la globalización de internet, se hace cada día más difícil.  La información es usada para proporcionar conocimiento pero también para provocar daños a los destinatarios.

Antes de hacer la ley lo lógico hubiera sido abrir un debate social acerca de la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos. Por lo que los medios públicos nos informan la Ley de Transparencia parece que está enfocada únicamente al terreno económico: Patrimonio y capitales de las principales autoridades, órganos y organismos públicos. Yo la ampliaría hacia otros campos: Información que se ofrece a los niños y adolescentes, la información sensible que puede o no ser publicada, información en la red sobre personas, entidades e instituciones….

Creo que hay mucha información circulando, por diversos medios y por tanto a la hora de poner coto, en aras de la transparencia democrática, hay que tener claro que información es relevante y cual no interesa conocer. Y por supuesto, que todos estén de acuerdo. Este es un caso en que debe haber debate abierto en el parlamento y en la calle; no se debe pasar en este caso, por su importancia, el “rodillo” de la mayoría parlamentaria.